SOLDADOS POLICIAS (O LICENCIA PARA MATAR)
¿Por qué le cuesta tanto trabajo al Estado legislar sobre seguridad nacional? ¿Por qué elige siempre el Congreso el camino más embrollado, el más absurdo y el menos adecuado para resolver un problema?
Desde el fracaso monumental de la guerra declarada por Felipe Calderón a las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada, sacando al ejército de sus cuarteles para suplir la función que no cumplían las policías municipales, estatales y federales, infiltradas, compradas o rebasadas por el poder de los criminales, era evidente que la depuración de estos cuerpos de seguridad era un reclamo urgente de la sociedad mexicana, que había llegado al extremo de temer de manera idéntica tanto al delincuente profesional, como al policía de carrera; ambos se dedicaban a lo mismo y se protegían mutuamente. La desaparición de los 43 normalistas de la escuela rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, puso al descubierto dentro del país y en el extranjero, la red de complicidades existentes entre los cuerpos policiacos y el crimen organizado; en una operación conjunta y bien articulada, los elementos policiacos aprehenden a los estudiantes y los entregan a la delincuencia para que estos los desaparezcan, sin que hasta la fecha se haya aclarado el motivo básico de este crimen inadmisible.
Hay un elemento adicional en la triste historia de los estudiantes de Ayotzinapa: se sabe ahora que el Ejército jugó un papel importante en estos deplorables hechos, pues en todo momento monitoreo la operación criminal que se desarrollaba, sin intervenir para dar seguridad a las personas agredidas; se sabe hoy que los celulares de algunos de estos normalistas desaparecidos, tuvieron actividad dentro de instalaciones castrenses, días después de consumado el crimen de desaparición forzada.
Tratando de tapar el enorme agujero que la falta de seguridad abrió en todo el territorio nacional, el gobierno mexicano creo el cuerpo de La Gendarmería, que a la fecha, ha servido para muy poco, si consideramos los pobres resultados que presenta su opaco trabajo a nivel nacional. Pero sobre todo, el gobierno mexicano ha delegado buena parte la función que debiera ser exclusiva de los cuerpos policiacos, en el Ejército y la Armada del país. El soldado y el marino fueron convertidos de la noche a la mañana, en investigadores, ejecutores de operativos policiacos y en muchas ocasiones, en verdugos habilitados que deciden, sobre la marcha, quién debe morir en la acción y quien debe ser presentado con vida ante las autoridades competentes. Hay que tener en cuenta la premisa básica del soldado y del marino: las órdenes se ejecutan, nunca se discuten; para ellos los códigos penales y civiles, las garantías individuales, los derechos humanos no cuentan: solo se siguen órdenes y punto.
Se había hablado de que el recurso de sacar a soldados y marinos a las calles para combatir la criminalidad, era un expediente de corto plazo: solo duraría el tiempo suficiente para reestructurar todo el aparato de seguridad pública, creando una nueva estructura judicial que garantizara la aplicación correcta de la Ley y la depuración total de los cuerpos policiacos, a partir del nuevo proyecto de Mando Mixto; de eso se encargaría el Congreso mexicano, en baso a las iniciativas presentadas por sus integrantes, así como aquellas provenientes de partidos políticos, gobierno y sociedad civil. Estas iniciativas se encuentran actualmente en la congeladora del Congreso de la Unión, sin haber sido analizadas y discutidas por los representantes del pueblo.
Todos sabemos que vivimos en una nación con un nivel de corrupción altísimo, donde los políticos del PRIANRD y satélites han sido señalados una y otra vez por sus ligas con la delincuencia; para llegar al poder, se ha utilizado muchas veces la estructura y el dinero del crimen organizado, con los oscuros compromisos de protección y ayuda que estos conllevan. No es de extrañar que el PRIANRD no tenga ninguna prisa por crear instituciones y marcos jurídicos que enfrenten realmente al crimen organizado. Sería tomar acciones en perjuicio de sus aliados políticos.
En vez de eso, en lugar de la activación del proyecto para el Mando Mixto, el Congreso se prepara para dar más facultades a soldados y marinos, a fin de que puedan realizar las actividades que no les corresponden por naturaleza, sin tener que preocuparse por las consecuencias que se deriven de las violaciones a los derechos humanos, garantías individuales y Estado de Derecho en que puedan incurrir, como ha sucedido frecuentemente con sus operativos. El Estado de Emergencia se implantará en el país, como norma NO DE EXCEPCIÓN, sino como regla general que viviremos a diario.
Hay una cosa más que debemos tener en cuenta: desde la implementación del Plan Mérida, signado entre los gobiernos de México y Estados Unidos para el combate al narcotráfico en territorio nacional, se ha impulsado la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad interna, que rebasan el marco jurídico que tienen asignado; al gobierno norteamericano le interesa que las inversiones económicas que realiza el capital estadounidense en el país estén plenamente protegidas contra toda protesta social, realizada por activistas, trabajadores, periodistas, pobladores y comunidades que rechacen el tipo de actividades que realizan estas empresas; desean tener carta abierta para obtener beneficios económicos, sin tener que lidiar con los efectos sociales generados por la destrucción de la vida, el entorno, los recursos, la cultura y el patrimonio de las poblaciones que resulten afectadas; por eso están exigiendo al gobierno el PRIANRD, militarizar al Estado mexicano, a fin de que los capitales que entren al país, para beneficiarse con las Reformas Estructurales entreguistas de Enrique Peña Nieto, se sientan protegidos y seguros ante eventuales manifestaciones de inconformidad por parte del pueblo de México. Aparte de la complicidad gobierno-crimen organizado, existe un segundo convenio firmado en lo oscurito, entre el gobierno mexicano y el norteamericano. El ejército, ya con facultades para violar todo protocolo sobre Derechos Humanos nacional o internacional, será utilizado como fuerza de choque para contener a manifestantes, activistas y sociedad civil, en beneficio de los capitales nacionales y foráneos. Volveremos a los viejos tiempos Porfiristas, dónde "se mata en caliente" y "después se averigua"; donde los ajusticiamientos y la desaparición forzada se disparan y existen escuadrones especializados para reprimir y contener, en una "guerra sucia" a la que ya habíamos dicho "nunca más".
Si el servil Congreso mexicano, dominado por el PRIANRD consigue otorgar a las fuerzas armadas la herramienta jurídica que necesitan para la militarización del país, nos espera un futuro nada promisorio, donde los capitales nacional y extranjero actuarán arbitrariamente medrando con la riqueza del país, estando fuertemente respaldados por un ejército y una marina rediseñados para cumplir con tareas que lesionan a los ciudadanos mexicanos en general; por otra parte, tampoco se resolverá el problema de la seguridad interna del país, puesto que las fuerzas armadas nunca estarán suficientemente capacitadas para enfrentar y combatir a la delincuencia organizada; esa es función de los órganos de procuración de justicia, que en este momento se encuentran colapsados por el clima de corrupción que vive la nación.
Lo necesario en este momento sería sacar de la congeladora legislativa las iniciativas sobre Mando Mixto, discutirlas suficientemente con la participación de todas las fuerzas políticas, sociales e intelectuales que deban y quieran aportar, para crear la legislación que de vida a un nuevo aparato de seguridad pública, donde existan policías preparadas y confiables, así como Ministerios Públicos de calidad que integren adecuadamente las averiguaciones previas para la consignación ante jueces de los delincuentes aprehendidos.
Los soldados deben regresar a sus cuarteles de manera inmediata; su participación como policías públicos, no ha servido para reducir los índices de criminalidad en México, antes bien, han sido cuestionados en forma permanente, por su participación en actos violatorios a los Derechos Humanos; solo Enrique Peña Nieto y el PRIANRD les aplauden por esta actividad policiaca con uniforme castrense; los mexicanos en general, no se sienten más seguros con soldados y marinos en las calles.
Ojalá la presión social impida que el Congreso de la Unión legitime este proyecto de Militarización Nacional y haga lo que debe hacer: leyes para depurar el aparato de justicia en el país y el regreso de los militares a sus cuarteles.
De no ser así, en el próximo 2018, la sociedad civil deberá tomar las medidas necesarias para que ningún político-parásito del PRIANRD y satélites menores, integre nuevamente el Congreso, dando paso a un nuevo modelo de Estado y proyecto de país, que se preocupe más por el bien social y no por defender privilegios y negocios de capitales neoliberales nacionales y extranjeros, ni tampoco por actuar en complicidad con el crimen organizado, para ocupar cargos con dinero proveniente de actividades ilícitas.
MALTHUS GAMBA