LOS GOLPISTAS DEL PRI, SON QUIENES MÁS PIERDEN
Hemos dicho en ocasiones anteriores, que para comprender el presente, en necesario conocer nuestro pasado; hoy, resulta conveniente recordar tres intentos golpistas en la Historia Nacional y lo que sucedió al final en cada uno de estos casos:
En 1830, Anastasio Bustamante, vicepresidente de México, arrebata, mediante un golpe de Estado, la presidencia de la República al general Vicente Guerrero; destierra a quienes se inconforman con su gobierno, manda apalear periodistas y da vida a una de las instituciones más negras y represivas en nuestro país: la policía secreta. Como Guerrero es un personaje al que muchos reconocen como legítimo presidente, planea y manda ejecutar el plan, mediante el cual es apresado el antiguo insurgente y fusilado en forma sumaria. Los levantamientos en su contra lo obligan a renunciar al poder y es desterrado del país, como castigo al crimen cometido.
En 1857 Ignacio Comonfort, presidente de México que había aprobado y jurado la Constitución promulgada ese año, da un autogolpe de Estado mediante el cual desconoce la nueva Carta Magna y asume poderes especiales para intentar gobernar de acuerdo a los intereses del Partido Conservador. Al final, pierde el apoyo de ese Partido y tiene que salir del país, ante el empuje de los liberales que encabeza Benito Juárez.
El 1913, Victoriano Huerta, genera un golpe de Estado contra el gobierno revolucionario de Madero; gobierna con mano dura durante unos meses y finalmente tiene que salir del país rumbo a Jamaica, al haber sido derrotado principalmente, por los ejércitos populares de Francisco Villa y Emiliano Zapata.
El motivo de recordar estos pasajes históricos, se debe a la necesidad de que podamos entender que los golpistas, al menos en México, terminan mal y que los aparentes triunfos del momento, se revierten en derrotas totales, una vez que el pueblo decide que la permanencia de estos traidores a su país, es imposible. Entonces el mismo pueblo genera las condiciones de cambio y da a estos políticos represores, el castigo que merecen.
Hace apenas unas horas, la Legislatura en funciones, mayoritariamente priista y panista, legitimó un golpe de Estado, al aprobar una Ley de Seguridad Interior condenada por personajes, instituciones y organismos nacionales y extranjeros, por su contenido represivo, que da facultades de tipo autoritario al presidente de la República para militarizar al país. La protesta civil, puede ser reprimida por las fuerzas armadas; los derechos humanos se ven violentados por la falta de garantías que provoca la aplicación de esta Ley; el ejército no tiene que dar cuenta de sus actos y únicamente está obligado a presentar un informe donde dé cuenta de cada operativo aplicado.
Esta Ley, así como el gobierno y los Partidos que la aprueban, está condenada al fracaso; el repudio social nacional e internacional es manifiesto; desde el crimen de Estado en Ayotzinapa, no se había dado una unión tan generalizada, en torno a una disposición aprobada por el Partido en el gobierno. La Ley es repudiada y encontrará resistencia en cada intento de aplicación que se dé.
Hay que entender dos cosas sobre esta Ley: en primer lugar, su intención principal no es la elección del 2018 como se piensa. Esto se cocinaba desde antes; es el gobierno norteamericano quien la pidió, para garantizar sus inversiones en el país, con motivo de la apertura a capitales foráneos que generan las Reformas estructurales; los dueños del dinero quieren seguridad para su industria y recursos asentados en suelo mexicano. El gobierno de Peña Nieto, servil por convicción neoliberal y por pusilanimidad de los personajes que conforman el gabinete, aceptó esta condición y ha convertido hoy al Heroico Ejército Mexicano, en una empresa de seguridad, encargada de vigilar la infraestructura de las empresas que se llevan nuestro petróleo, minerales y recursos agrícolas. Los soldados nacionales serán ocupados en misiones de resguardo y garantía del patrimonio norteamericano.
El segundo aspecto del problema tiene que ver con las elecciones del año próximo; debido a la tormenta nacional e internacional que ha generado esta Ley, será muy difícil que el priismo de Peña Nieto y Meade, puedan hacer uso de las fuerzas armadas, para forzar la aceptación de un fraude, por parte de la sociedad civil. Cualquier intento en este sentido, derrumbará por completo el modelo neoliberal, que necesita mostrar estabilidad interna para dar garantías a la inversión foránea. La mirada de la ONU, CIDH, de gobiernos de la comunidad europea y latinoamericana, personajes de la cultura nacionales e internacionales, así como las redes sociales en amplia mayoría, no dejarán pasar un acto represivo, por mínimo que este sea, para levantar la voz y testimoniar que efectivamente, el gobierno golpista generó la Ley señalada, para obtener beneficios criminales a través de la misma.
El panorama no le pinta nada bien al priismo por todo lo señalado. Aprobar esta Ley, le significa un desgaste innecesario en tiempo de elecciones, pero no la podía postergar más, ya que el fantasma de la derrota en 2018, es bastante inquietante para la derecha mexicana. Además, aprobarla ahora, puede significar, según ellos, un respaldo al candidato de la derecha Meade, por parte del gobierno americano. Generalmente, Trump desprecia al oponente débil y servil; se los ha demostrado en varias ocasiones, pero los políticos del PRI y el PAN no entienden.
Hoy, hay descontento y molestia en muchos que sienten que con la aprobación de la Ley de Seguridad Interna se perdió mucho; y no es así. El fraude que prepara el priismo está anunciado desde hace mucho; con o sin Ley, las fuerzas represoras del Estado, llámense policías federales, estatales, municipales o armadas, siempre han intervenido de manera más o menos disfrazada, para operar en favor del Partido gobernante. Está vez sucedería igual, con Ley o sin ella.
La lucha importante, es la que se avecina en 2018; sabíamos que el enfrentamiento de la sociedad civil, es contra un Estado represor y eso no ha cambiado; nuestra guerra es contra la derecha neoliberal; la lucha para que no fuera aprobada la Ley de Seguridad, es una más de muchas batallas que tendremos que enfrentar, pero su resultado no significa un triunfo o un fracaso definitivos.
Conseguir que los mexicanos acudamos masivamente a las urnas en 2018, es la tarea que debemos afrontar desde hoy. Necesitamos un mínimo del 60% de votación el día de las elecciones, para derrotar el 3% de margen que tiene el INE, para mover a favor de la derecha el algoritmo con que trabaja. Arriba de ese sesenta por ciento, se pierde la posibilidad de fraude.
Hay que aprovechar que Organismos internacionales, ven con mucha desconfianza al gobierno mexicano, en lo que respecta al manejo de la próxima elección. Si hay un alto porcentaje de visores y observadores de otras naciones y de Organismos Internacionales, la posibilidad de fraude se reducirá de manera extraordinaria.
Hoy varios periodistas manifiestan que no hay quien defienda a la sociedad, ante el embate del gobierno en turno. Esto no es cierto; el PRI esperaba una reacción de la izquierda, sobre todo de Morena, para desgastar el proyecto de cambio que se defiende, anticipadamente y provocar que llegará a la elección del año entrante, mermado políticamente. A título personal, cada militante y simpatizante de Morena, se manifestó contrario a esta Ley y trabajó para que no fuera aprobada. Se cuidó al Partido, pero se luchó en todo momento.
La Gran Batalla será en 2018 y no contra una Ley en particular, sino contra un modelo y una clase política que tienen que salir del gobierno y del país, como lo han hecho anteriormente, otros personajes y proyectos contrarios a la voluntad popular.
Tomemos aire, levantemos ánimos y continuemos con la lucha que hemos iniciado desde hace mucho. El cambio está próximo y hace falta no aflojar y seguir adelante con voluntad y fuerza.