REVISIÓN SIN ORDEN JUDICIAL Y ESTADO FALLIDO
#ConElCorazonALaIzquierda
Se dice correctamente que un país ha perdido el rumbo, cuando sus instituciones fundamentales, aquellas que debieran ser garantes del correcto desarrollo de la actividad pública y privada, han entrado en crisis y responden incorrecta o torpemente a la realidad que en ese momento vive la nación.
Algunas de estas instituciones pueden no ser eficientes por motivos claros de corrupción e impunidad, como sucede en todos aquellos países de corte liberal, desde hace unas décadas. Los mercados mundiales se encuentran saturados. No existe posibilidad real para el desarrollo nacional. Los políticos lo saben y llegan al poder con la única intensión de adquirir riqueza fácil tanto para ellos, como para el partido político que los impulsa. No hay por tanto presupuesto público que alcance a resolver los problemas sociales que afectan al grueso de la nación.
Otros órdenes de gobierno resultan incompetentes, porque se niegan a ver la realidad del país, al vivir en una esfera de cristal, que les impide conocer qué es lo que en verdad está ocurriendo dentro de las fronteras de la nación. En su mundo aparte, las reglas escritas se encuentran aún operando correctamente. No perciben el derrumbe del aparato de gobierno y siguen en una rutinaria labor administrativa que de nada sirve, o en el peor de los casos, termina por acelerar la presencia del Estado Fallido.
Me parece que ese es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien hoy (13-mar-2018) declaró válida, la revisión de personas y vehículos por parte de policías, sin previa orden judicial. Declaró improcedente la impugnación que la CNDH, presentó al respecto, alegando que se violaba con esto las garantías individuales de las personas.
La Suprema Corte justificó su interpretación constitucional, en el hecho de que la revisión se efectuará "únicamente" "ante la sospecha razonable de que se está cometiendo un delito". Con esto, las revisiones se ajustarán en todo a los parámetros constitucionales.
En una nación como México, donde el abuso de autoridad por parte de toda la estructura de procuración de justicia es una realidad que se vive a diario, ¿resulta lógico suponer que los agentes "del orden" se ajustarán exclusivamente a los casos de "sospecha razonable"?
El dictamen que la Suprema Corte concluye, puede ser entendido y plenamente justificado por la sociedad de un país, donde las instituciones funcionan de manera correcta. En un país donde verdaderamente existe el Estado de Derecho. Pero no puede aceptarse pasivamente, en el México actual, gobernado por una clase política que ha dado uso faccioso a todas y cada una de las instituciones públicas, para beneficio de los pocos que conforman el gobierno y la clase privilegiada del país, olvidando que su obligación está con la sociedad en su conjunto y no con unos cuantos.
Todos los mexicanos hemos sido testigos del grado de violencia que vive nuestra nación. No solo es el crimen organizado el responsable de esta catástrofe nacional. Las autoridades de los tres niveles de gobierno, se encuentran involucrados en actos de corrupción, desaparición forzada, tortura y muerte. Los casos se cuentan por miles y son del dominio público en cada localidad del país. ¿Vale la pena dar más elementos a estas instituciones, para que, en una interpretación torcida de la Ley, atenten contra las garantías individuales de cualquier ciudadano, justificándose al final con una explicación de "sospecha razonable? ¿En que México viven los ministros del Poder judicial? ¿No se dan cuenta del gobierno fallido que padecemos actualmente los mexicanos?
Tal vez no se den cuenta en verdad, de lo que sucede en las calles. Esa podría ser una explicación, (triste, pero justificación al fin). La otra, más lamentable aun, sería que el Poder Judicial está alcanzado desde hace algún tiempo, por el mismo mal que aqueja al resto del aparato de gobierno; no actúa con independencia, como es su deber, sino que sigue líneas y consignas que le llegan del Ejecutivo, quien ha mostrado su inclinación por la mano dura para controlar el malestar social que le manifiestan a diario los mexicanos.
Como nada positivo podemos esperar de un gobierno fallido, que todo lo pretende resolver en base al uso de la fuerza, los ciudadanos debemos aprovechar el único camino inmediato que tenemos para modificar y recomponer el orden público. Ese camino son las elecciones que se verificarán en aproximadamente dos meses.
Votar por los mismos, por los ya conocidos, significará dar continuidad a un proyecto que nos está sumiendo en la pobreza, en la inseguridad y en la violencia extremas. Ninguna institución podrá recomponerse con los mismos de siempre. Hace falta un cambio.
Antes que tengamos que arrepentirnos por no haber actuado con oportunidad; antes de nuevas masacres, ejecuciones, secuestros, tortura y muerte, por parte de la delincuencia organizadas y también por las fuerzas del "orden" público, actuemos con plena responsabilidad y votemos por un proyecto de nación diferente. En el corto plazo, ésta es la única opción disponible. No la desaprovechemos. Esto es por nuestro bien, por el bien del país y, sobre todo, por el bien de nuestros hijos. Un error en este momento, significarían seis años más de un mediocre nivel de vida que no merecemos.
Piénsalo. Vota.
Malthus Gamba